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BONIFICACIÓN A LAS INVERSIONES DE LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS INVERSIONISTAS EN LAS ZONAS EXTREMAS

Los pequeños y medianos inversionistas, productores de bienes o servicios, que realicen inversiones en activos productivos (compren bienes de capital) en los territorios de las XV y I Regiones, en el extremo norte del país, o en las XI y XII Regiones y en las provincias de Chiloé y Palena, en la X Región, en el extremo sur, pueden optar a recibir del Fisco el pago de una bonificación equivalente al 20% del monto invertido.  

Para estos efectos, se consideran como “pequeños o medianos” inversionistas aquellos cuyas ventas anuales netas no excedan las 40.000 unidades de fomento.  Del mismo modo, cada inversionista podrá postular inversiones que superen las 50.000 unidades de fomento.

Tipos de inversiones que se pueden beneficiar con la bonificación

Las inversiones deben estar orientadas a mejorar capacidades técnicas o físicas de la empresa, que permitan una mayor eficiencia, capacidad y calidad de los productos o servicios desarrollados.  Estas inversiones pueden consistir en construcciones, maquinarias, equipos, animales finos para la reproducción, directamente vinculados al proceso productivo e incorporables al activo del inversionista, de acuerdo con el giro o actividad que desarrolle.  También se pueden bonificar las inversiones en pesca artesanal, galpones, hangares, bodegas y edificaciones similares.

El monto de la bonificación sobre las maquinarias y equipos, equivalente al 20%, se aplica sobre el valor contado de la factura, excluido el IVA, o sobre el valor CIF que señale la declaración de importación, la solicitud registro factura, la solicitud de traslado o el documento que haga sus veces.

Actividades excluidas

No pueden beneficiarse con esta bonificación las siguientes actividades:

Aquellas directa o indirectamente relacionadas con la gran minería del cobre y del hierro.

Aquellas directa o indirectamente relacionadas con la pesca industrial extractiva.

Las del sector público.

Las de empresas en que el Estado o sus empresas tengan aporte o representación superior al 30%.